La Ciudad de México como otras grandes urbes del mundo está padeciendo una crisis de vivienda que afecta a la población más joven y la de menores recursos, reconoció este jueves la jefa de gobierno, Clara Brugada.
Señaló que en los últimos 20 años los precios en alcaldías céntricas han aumentado hasta cinco veces. Además el de que el 30% de las familias en la capital viven rentando, destinando hasta el 40% de sus recursos para el pago.
Con el objetivo de que siga siendo una ciudad habitable para la población más vulnerable, presentó una iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, que se suma a la ya aprobada por el Congreso local de prohibir un aumento de alquiler que supere la inflación del año anterior:
“Esto ya estaba en el código civil, ahora garantizaremos su cumplimiento efectivo. Necesitamos un instrumento jurídico, que garantice lo que estamos diciendo.
Que nadie se deje engañar, no hay congelación de rentas en esta iniciativa de ley, ni mucho menos se ataca a la propiedad privada”, explicó ante los medios.
La iniciativa destaca la creación de un registro digital, en el que el dueño tiene la obligatoriedad de dar de alta su inmueble en renta. Si él no lo hace lo podrá hacer el inquilino.
También la creación de una Carta de Derechos y Obligaciones para dar orden y certidumbre en los contratos, eliminando la práctica de pedir avales múltiples y pólizas jurídicas excesivas, así como prohibir la discriminación de cualquier tipo, como tener hijos o animales de compañía.
Al mismo tiempo esta carta protege a los dueños, ya que los inquilinos deben firmar el cuidado del inmueble y no hacer cambios estructurales sin permiso.
Cualquier violación tendrá una sanción correspondiente.
Además nacerá una Defensoría Inquilinaria, adscrita a la Procuraduría Social, que dará orientación, asesoría, mediación y conciliación a ambas partes de manera gratuita..
En caso de desalojos por resolución judicial la Defensoría contará con un gabinete especial que dará acompañamiento social a los afectados, sin dejarlos desamparados.
Por otra parte, el gobierno de CDMX ofrecerá capacitación de derechos humanos para las empresas que se dediquen a los desalojos, los llamados “cargadores”, para fomentar procedimientos pacíficos:
“En esta ciudad, ningún desalojo puede violar los derechos humanos […] El gobierno de la ciudad estará capacitando y pondrá a disposición del Poder Judicial solo a aquellos ‘cargadores’ a los que pueden contratar sus servicios. No es que alguien va a ganar un juicio de desalojo, entonces trae su grupo de desalojo para sacar las cosas. No”, detalló la mandataria.
Brugada hizo un llamado al Congreso local a abrir un parlamento abierto para su discusión, en espera de que se pueda aprobar a finales de este año.
