Por unanimidad, con 419 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para endurecer el combate y las penas por el reclutamiento forzado de personas.
Se trata de un dictamen, elaborado con las iniciativas de varios legisladores de distintos grupos parlamentarios, en el que se establecen penas de hasta 25 años de cárcel y 50 mil días de multa a quienes coaccionen, intimiden, amenacen o cometan violencia física o moral para reclutar a personas a la delincuencia organizada, principalmente jóvenes.
El dictamen establece que cualquier reclutamiento de niñas, niños y adolescentes deberá considerarse y sancionarse como reclutamiento forzado.
El diputado por Morena y presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Rivera, indicó que una de las disposiciones más importantes de la reforma es que el delito se perseguirá de oficio, sin la necesidad de la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) o las fiscalías estatales.
“A través de esta reforma, las autoridades podrán investigar sin esperar a que la víctima presente una denuncia, ya que muchas personas reclutadas viven amenazadas, tienen miedo o están bajo el control de sus agresores. Con el marco de esta ley general, la investigación puede iniciarse de oficio cuando las autoridades tengan conocimiento del hecho que puede que puedan constituir este lamentable delito”.
El legislador precisó que con la reforma también se busca identificar cómo operan las redes de reclutamiento, el fortalecimiento de las investigaciones, generar información que permita prevenir nuevos casos.
De acuerdo con la reforma, las penas por delitos de reclutamiento solo podrían reducirse cuando los autores proporcionen a la autoridad información relevante que se encuentre corroborada por otros datos o medios de prueba.
