El periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados concluirá la próxima semana con la discusión de la reforma a la Ley General de Salud en materia de prohibición de vapeadores, luego de que se aplazó por el debate de la Ley de Aguas.
Este dictamen ya fue aprobado en la Comisión de Salud de San Lázaro, en el que se proponen penas de hasta ocho años de cárcel y multas de hasta 226 mil pesos por la adquisición, comercialización, preparación, conservación, producción, transporte y suministro de dichos productos. Además, se prohíbe la publicidad de estos productos.
Además, se detalla que la mezcla de sustancias químicas, como metales pesados y compuestos orgánicos volátiles pueden generar disfunción pulmonar, inflamación crónica y aumento del estrés oxidativo.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, reveló que existe presión de cabilderos para impedir el avance de la reforma, la cual se ha justificado bajo la necesidad de frenar la venta de vapes por tratarse de dispositivos de suministro de nicotina o sustancias inhalables que no son alternativas seguras o que generan menos daño que los cigarros tradicionales.
Los principales usuarios de estos dispositivos son los jóvenes, a quienes se dirigen principalmente las estrategias publicitarias de las grandes tabacaleras, con el objetivo de fomentar la adicción desde edades tempranas.
