El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una serie de dictámenes, entre los que se encuentra una reforma al Código Penal para endurecer las penas por el delito de despojo, además de la incorporación del concepto de ‘electromovilidad’ a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
De esta forma, quienes ocupen un inmueble ajeno o hagan uso de él mediante la violencia, la amenaza o el engaño, tendrán penas de seis a diez años de cárcel y multas de hasta 226 mil pesos.
Al respecto, el diputado de Morena, Gerardo Ulloa, uno de los promoventes de la iniciativa, indicó que el despojo se ha incrementado a nivel nacional, con cifras alarmantes en el Estado de México: 42 mil casos de 2015 a 2025.
“En el Estado de México se registraron más de 42 mil casos de despojo del 2015 al 2025 y los municipios más afectados de esa conducta en la zona metropolitana, por ejemplo, son Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán, Los Reyes, Valle de Chalco, Chalco, Tecámac, entre otros. Estos datos nos demuestran que el derecho a la propiedad está siendo vulnerado”.
Con respecto a la inclusión de la electromovilidad en el marco normativo en esta materia, se define como aquellos sistemas de transporte terrestre basados en vehículos ligeros y pesados con un sistema de tracción eléctrica o sistema híbrido que toman energía de un sistema de suministro eléctrico y que se utilizan para transportar personas o bienes materiales.
El diputado promovente de dicha iniciativa, Homero Ricardo Niño de Rivera, indicó que el objetivo es avanzar en el reconocimiento de este tipo de vehículos ante los niveles de contaminación que se registran en ciudades como Monterrey.
“Sin duda nos falta mucho camino por recorrer, pero el primer paso, lo primero que tenemos que hacer en este tema es reconocerlo en la ley. Es un paso, parece pequeño, pero es un paso muy importante que se reconozca en la ley el concepto de electromovilidad, movilidad eléctrica”.
También, aprobaron reformas a la Ley General de Cultura Física y Deporte para incluir la “Violencia en el Deporte” y “Protocolo de Prevención y Atención”. Además, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la emisión de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura.
