En México, un gran número de quienes ingresan a hospitales siquiátricos, clínicas contra adicciones, albergues y cárceles para personas con discapacidad intelectual y sicosocial son víctimas de actos y omisiones que ponen en peligro su seguridad, su integridad mental e incluso su vida, revela un informe de la organización Documenta, análisis y acción para la justicia social.
El reporte, que toma como fuente las quejas, recomendaciones e informes elaborados por organismos públicos de derechos humanos, expone que las comisiones estatales de derechos humanos han recibido 79 denuncias donde se señalan hechos violentos en contextos de atención a la salud mental.
De 20 recomendaciones emitidas, en nueve se mencionan agresiones ejercidas como violencia física, sexual, sicológica, esterilización forzada, sujeciones, aislamiento, castigos y acciones que ponen en riesgo la vida.
La organización expone que la violencia ejercida en estos espacios se caracteriza porque es infligida, en gran porcentaje, por el personal que labora en ellos. Sólo 10 por ciento de las quejas refiere violencia de parte de la población.
