El Pleno del Senado aprobó un dictamen en el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y los titulares de las secretarías en las entidades federativas a cargo de los centros reinserción social para enviar un informe sobre las acciones emprendidas para combatir el delito de extorsión que salen de los penales federales y estatales así como a reforzar las medidas para inhibir las comunicaciones indebidas, así como la posesión y el uso de aparatos de telefonía no permitidos al interior de los centros penitenciarios.
De acuerdo, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se destaca en el dictamen, de enero a octubre de 2019, a nivel Nacional se registraron siete mil 129 casos de extorsión, de los cuales mil 891 casos provienen del Estado de México, 773 de la Ciudad de México y Jalisco con 670.
Estas cifras del año pasado ya superaron a las de 2018 con seis mil 432 casos de extorsión a nivel nacional, lo cual muestra un evidente incremento en la incidencia de este delito. También se detalla que de siete cárceles, dos federales y cinco estatales en diferentes regiones del país, salieron 3.7 millones de llamadas de extorsión. En tres semanas, de un sólo aparato celular ubicado en uno de esos siete penales se realizaron dos mil 457 llamadas al exterior
