La parálisis de la planta de la Cruz Azul de Tula, Hidalgo, que lleva más de 70 días sin energía eléctrica, es materia de análisis del gobierno federal, luego de que en la mañanera de este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó conocimiento del hecho.
En Ciudad Cruz Azul, habitan todos los trabajadores de la planta con sus respectivas familias que han visto mermar, no solo su economía, sino su salud y sus actividades cotidianas, incluida la educación.
La suspensión de energía eléctrica llegó incluso a los tribunales federales, donde un juez de amparo en materia administrativa del circuito de Hidalgo, ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la reconexión inmediata del suministro.
Mientras algunos como el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica piden que el acceso a este servicio sea considerado un derecho humano, la directiva opositora de la Cruz Azul, encabezada por Víctor Manuel Velázquez y con respaldo de su abogado Rafael Ansurez, han impedido a toda costa la reactivación de la planta.
De hecho, los trabajadores de la planta de Tula, Hidalgo, acusan al abogado Rafael Ansurez, que enfrenta un conflicto de intereses al ser hijo del presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Rafael Ansurez Uribe”.
De acuerdo con los querellantes, los más de 70 días de inactividad por falta de energía eléctrica ha generado un quebranto por más de mil millones de pesos, sin que nadie intervenga, extrañamente.
Señalaron que también sufrieron un ataque armado hace varios meses donde ocho de sus compañeros fueron asesinados y esos crímenes siguen impunes.
Ante este panorama, consideran que la directiva de la Cruz Azul, a la que la justicia federal no ha favorecido, ha desplegado todos sus recursos económicos e institucionales Lara aplastar a los trabajadores de la planta de Hidalgo.
