Tras el compromiso de diputados y senadores de aprobar en el actual periodo de sesiones el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Rafael Guerra Álvarez, consideró que México está frente a la oportunidad histórica de contar con mecanismos y herramientas útiles para resolver las controversias entre particulares, con lo que se reduciría la conflictividad social con mayores y mejores condiciones de acceso a la justicia y con una contribución a la paz social.
Así lo aseguró en la presentación y exposición del último borrador del código, en la que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, expresó el compromiso de aprobarlo a la brevedad en la cámara alta, para enviarlo a la colegisladora y sacarlo adelante antes de que concluya el mes de abril, y en la que la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, subrayó la determinante participación en su elaboración de los presidentes de los tribunales de justicia local.
En entrevista posterior a la presentación, el magistrado consideró que sería un fracaso la aplicación del nuevo código sin subsidio económico a los tribunales por parte del gobierno federal; asimismo, hizo un llamado a los abogados que se oponen a la era digital a consultar los expedientes en línea y dejar atrás el papel.
En el salón de plenos de la Comisión Permanente, y con la presencia de 18 presidentes de tribunales superiores de justicia de la Conatrib, Guerra Álvarez destacó que el proyecto de código es un esfuerzo intenso que debe ser aplaudido, el cual atendió las opiniones de la Conatrib; sin embargo, llamó a atender otros problemas, frente al riesgo de que el sistema de impartición de justicia colapse.
Ello, enfatizó, ante la falta de disposiciones que permitan la consolidación de poderes judiciales autónomos, independientes y garantes de una justicia pronta, expedita y objetiva, y frente al hecho de que la aplicación del nuevo código haría suministrar a cada órgano judicial local los recursos financieros necesarios, sin garantizarles a éstos partidas presupuestarias mínimas adicionales para ese efecto.
Alertó que la Constitución federal y las locales carecen de disposiciones garantes de suficiente autonomía e independencia de los poderes judiciales, y que, por el contrario, contienen mecanismos para influir y condicionar el ejercicio de sus facultades políticas y jurisdiccionales.
No hay garantía, precisó, de contar con presupuesto anual mínimo ni reconocimientos de principios de progresividad y no disminución; además, se invade la autonomía e independencia de la judicatura en algunas legislaciones que impiden que sean los magistrados quienes designen a su presidente, por facultad otorgada al Ejecutivo o al Legislativo.
También, continuó, se condiciona y limita la carrera judicial, ya que en el proceso de designación o remoción interviene el Ejecutivo, con lo que se adolece de condiciones de igualdad y seguridad en la designación, ratificación y permanencia de magistrados.
El también presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México recordó que reformas procesales importantes en materia de justicia digital; justicia alternativa; oralidad civil, mercantil y familiar; proceso penal acusatorio y laboral, que requirieron capacitación e infraestructura física y tecnológica, se aprobaron sin partidas presupuestales adicionales, situación que pone en grave riesgo al sistema de impartición de justicia.
“Todavía estamos a tiempo de que las cámaras de Senadores y Diputados oportunamente atiendan la importancia no sólo de autorizar partidas presupuestales adicionales y extraordinarias, sino que, además, garanticen su entrega a los poderes judiciales”, consideró.
En su oportunidad, el coordinador de la fracción priísta en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, coincidió en que el nuevo código quede aprobado antes de que concluya abril, e hizo un llamado para voltear a ver el presupuesto de los poderes judiciales locales, al subrayar que “justicia es paz”.
El senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, aseguró que el proyecto pretende dar justicia cotidiana a la sociedad completa, imparcial y gratuita; además, oral y con homologación de normas procesales.
En tanto, la diputada de Morena, Aleida Alavez Ruiz, coordinadora del Grupo de Trabajo en Materia de Justicia Cotidiana, destacó que el proyecto final del código es producto de 50 sesiones de trabajo, cuya duración mínima fue de cuatro horas y máxima de 12, con una etapa en la que se conformaron 12 subgrupos para la revisión final.
Por su parte, el diputado panista Felipe Macías Olvera, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, al advertir la trascendencia del ordenamiento legal propuesto, recordó que 70 por ciento de los litigios en el país son de las materias civil y familiar.
