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sábado, julio 24, 2021
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Las vías legales se agotan para Grupo Cementos de Chihuahua generando altos costos para accionistas

En un conflicto que ya roza una década, Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) pretende el alargue indefinido del conflicto legal que sostiene con la boliviana Compañía de Inversiones Mercantiles (Cimsa), pues se niega a pagarle los costos de indemnización por haber incumplido el acuerdo legal que daba prioridad a CIMSA de adquirir las acciones de su socio mexicano en caso de que Cementos de Chihuahua quisiera vender sus acciones dentro de la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE).

 

Violando deliberadamente dicho acuerdo, la cementera mexicana vendió el 47.02% de sus acciones a la cementara peruana Consorcio Cementero del Sur (CCS), razón por la cual Cimsa recurrió a un tribunal en los Estados Unidos, país en donde GCC mantiene una importante actividad comercial, para radicar su querella, obteniendo una sentencia favorable por Responsabilidad y Daños dictada por un juez de Distrito de Colorado en abril de 2019, y ratificada por la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de Estados Unidos el pasado 17 de agosto.

 

El laudo obtenido por CIMSA obliga a su ex-socio mexicano Grupo Cementos de Chihuahua a indemnizarle con 36 millones de dólares más los intereses correspondientes, monto que hoy, debido al alargue y omisión de la cementera mexicana, ya debe rondar los 50 millones de dólares.

 

Las vías legales se agotan y cementos chihuahua parece decidido a consumir tiempo y dinero, socavando también su confiabilidad en un mercado sensible y muy competido, pues no sólo parece buscar mediante el alargue llegar a la Suprema Corte de Estados Unidos para intentar anular su sentencia, sino que tampoco parece haber informado a la Bolsa Mexicana de Valores de los pormenores de su situación ante este conflicto; hecho con el que estaría incumpliendo, también, la Ley del Mercado de Valores.

 

Este largo conflicto, que dio comienzo en el año de 2011, y del que hoy parecen agotarse definitivamente las vías que favorezcan legalmente a Grupo Cementos de Chihuahua, se ha traducido a lo largo de la década en omisiones, desestimaciones de los laudos emitidos en su contra y, sobre todo, en el aumento considerable de los montos derivados del alargamiento del conflicto, que los accionistas e inversores de GCC tendrán que asumir de manera directa e indirecta, y que los especialistas opinan innecesarios puesto que hubiesen sido perfectamente evitables.  

 

De seguirse alargando indefinidamente el conflicto, lo cual es muy probable si Cementos de Chihuahua continúa negándose a aceptar su responsabilidad y acatar su sentencia, los costos del alargue no solo afectarán la credibilidad de la cementera mexicana, sino también la reputación financiera de sus socios, inversores y accionistas.

 

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