Luego de las denuncias públicas, ante la Fiscalía en el Estado de México, así como en la Secretaría de Energía, que diversas organizaciones civiles han presentado por la proliferación de las gaseras clandestinas en el municipio de Toluca, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República, indaga los presuntos actos de corrupción que llegaron a formar lo que identifican como él “Cártel Gasero”, que opera en aquel lugar.
Conforme al oficio, 20505000030300L/O-0994/2020, presentado por ciudadanos inconformes así como la asociación civil, Conciencia Ciudadana, en la FGR y a la SENER, se inició una investigación, como parte de las pruebas asentadas en el documento antes mencionado, los inconformes señalan al alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, al director de desarrollo urbano del mismo municipio, Alejandro Verdugo Murillo, así como al coordinador de protección civil, Luis Felipe Puente, como los principales beneficiarios de ese negocio.
“Las pruebas de las irregularidades ya las tiene la Fiscalía del Estado de México, de las agresiones, los ataques, los incendios, la extorsión y el terror que pretende infundir Gas Imperial y sus secuaces, pero no hacen nada, se queda de brazos cruzados, por eso creemos que también la Fiscalía es corrupta”.
“La FGR, ya investiga a ese cártel gasero, así se le conoce en todo el Estado de México. Eso son, son delincuentes organizados que no les importa la seguridad de los civiles y tiene comprados a todos, desde el alcalde, Juan Rodolfo Sánchez, como al director de Protección Civil, Luis Felipe Puente, el día que pase una tragedia, ellos serán los responsables”, comentó Camilo García, integrante de la Organización de Pipas, Portatileros de Gas Lp y Transporte en General.
Por su parte, Israel Santana de Conciencia Ciudadana, detalla que la corrupción entre los funcionarios del Estado de México, ponen en grave riesgo a los vecinos de zonas habitacionales, niños y usuarios del transporte público, pues las cáselas ilegales de Gas Imperial, no cuentan con las normas básicas de seguridad, ni los documentos necesarios para operar y comercializar el energético.
