Independencia de jueces, una garantía del pueblo: Rafael Guerra

Al imponer la toga a 10 juzgadores que a partir del lunes asumirán la función de impartir justicia laboral desde el Poder Judicial de la Ciudad de México, el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, aseguró que la independencia de los jueces no es un privilegio, sino una garantía del pueblo.

En sesión pública de los magistrados y de consejeros de la Judicatura capitalina, resaltó que con la reforma laboral se dignifica el trabajo, se consolida la democracia sindical, y se forja un sistema de justicia realmente pronta, dinámica y comprometida con la sociedad.

Aseguró ante los nuevos impartidores de justicia que el trabajo debe ser defendido con toda la fuerza que convoca la identidad nacional, ya que éste representa “persistencia, determinación, compromiso, pasión, práctica y concentración”.

“Ustedes son los primeros en la historia de la Ciudad de México y de esta institución; su lugar en el devenir de nuestra tradición jurídica estará grabado para siempre y deben asumir esa trascendencia”, manifestó a las cinco mujeres y a los cinco hombres que en la sesión rindieron protesta.

Recuerde siempre, los convocó, que la libertad de sus deliberaciones es proporcional a la libertad de “nuestro pueblo, y así se les reclamará en todo momento”, ya que cuando una jueza o juez están sometidos, su pueblo estará sometido, en tanto que cuando los impartidores de justicia únicamente acatan los designios de la ley, todo su pueblo será libre.

Guerra Álvarez les comentó que sobre sus hombros está la responsabilidad de representar los más altos valores de la función jurisdiccional, así como cumplir con la palabra empeñada por el Estado mexicano para proteger, al amparo de la justicia, la relación entre patrones y trabajadores.

Abundó que el paradigma de la justicia laboral en México tiene en sus miras el fortalecimiento de la confianza entre las autoridades laborales para, de esa forma hacer historia, y subrayó que los nuevos jueces son un medio para retomar la responsabilidad geopolítica que México tiene con la productividad y el desarrollo regional, pero también un fin por la dignidad y justicia de la clase trabajadora.

Al referirse al traslado de la materia laboral a los poderes judiciales, consideró que se trata de “la consagración de nuestra vida institucional al futuro de la justicia laboral y su evolución histórica”; destacó, asimismo, que el trabajo enaltece el honor nacional a través del esfuerzo productivo y la realización del propósito individual y colectivo.

El magistrado impuso la toga a las juezas Viridiana Cedillo Espinosa, Claudia Celis García, Cinthya García Ponce, Guadalupe Moreno Figueroa y Jamín Rivera López, así como a los jueces Rubén Fierro Velázquez, Humberto López Báez, Luis Pérez Medel, Felipe Román López y Alejandro Ruiz Hernández, todos designados por concurso y de manera paritaria por género.

La jueza Moreno Figueroa fue adscrita a tribunal laboral de asuntos colectivos, en tanto que, el resto, a tribunales laborales de asuntos individuales.