Tras los hechos ocurridos el pasado sábado 15 de octubre, en los cuales elementos de la Guardia Nacional allanaron de forma violenta y sin orden de cateo la casa del gerente de la planta de La Cruz Azul en Tula de Allende, Ramsés Dolores Anguiano, los socios cooperativistas, administradores legales y legítimos de la Planta de Tula, encabezados por el presidente del Consejo de Administración, Federico Sarabia Pozo, aseguraron que la reacción de algunos compañeros y habitantes de la comunidad fue un acto de legítima defensa en respuesta a la agresión artera e ilegal por parte de estos elementos, quienes, sin ningún argumento legal y conscientes de que cometían varios delitos, iniciaron las agresiones.
Señalaron a través de un comunicado que apenas dos días, antes agentes de la PGJ de Hidalgo allanaron el mismo domicilio, encañonaron a los hijos y a la esposa del gerente de la planta y se llevaron una computadora.
Con ese antecedente, ante la ilegalidad de la agresión, con los hechos previos, en los cuales se han reportado muertos y, derivado de testimonios de habitantes que señalaban la vigilancia inusual de elementos de la Guardia Nacional la reacción, aseguran fue un acto de legítima defensa, justo cuando tenían la esperanza en la mediación que realizaría el gobernador del estado por instrucción del Presidente de la República.
Aseguran que que el grupo de José Antonio Marín y Víctor Velázquez han intentado por todos los medios de despojarlos de su legal y legítimo patrimonio, inventando acusaciones, comprando jueces y autoridades, contratando grupos de choque, suprimiendo sueldos y prestaciones, el allanamiento ilegal y la agresión en contra de la familia del gerente de la planta es un elemento más que se añade a estas pretensiones. La corrupción que promueve este grupo ha puesto a su servicio a elementos de la PGJ y de la Guardia Nacional, entre otros.
