El Ayuntamiento de Tijuana, entonces encabezado por Arturo González Cruz, restringió derechos humanos al libre comercio, seguridad jurídica y legalidad; en contra de la empresa Blue Propane, evitando así la instalación de 10 estaciones de gas LP en la ciudad; según dicta la sentencia definitiva del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California (TEJA) con fecha del 21 de mayo del presente.
En la sentencia el mencionado Tribunal, se decretó la nulidad de las resoluciones emitidas por la Dirección de Administración Urbana (DAU), en las cuales dejaba sin efecto las licencias y dictámenes de uso de suelo, propiedad de la empresa.
“Se condena a la autoridad demanda a que deje sin efectos los actos posteriores que hubiere dictado con motivo de la resolución que declaró nulo de pleno derecho el dictamen de factibilidad, como serían ordenes de clausura, colocación de sellos, multas administrativas o cualquier otro que tenga como antecedente dicha resolución…” señala el documento con número de expediente 54/2020 S.A.
El abogado de la empresa, Marco Ernesto Téllez explicó que derivado de esta esta sentencia, “las licencias de Blue Propane subsisten y siguen surtiendo efectos legales”, por lo que el Ayuntamiento de Tijuana tendrá que otorgar subsecuentes trámites que hagan falta para la operación de 10 estaciones de gas licuado de carburación de gas licuado.
Asimismo, el Tribunal Administrativo determinó que el hecho de que se hubiera condicionado la vigencia de moratoria a que existían estudios técnicos que avalaran la continuación en su otorgamiento, los cuales a su vez permitirían armonizar la normatividad federal, estatal y municipal; genera un estado de indeterminación en el tiempo que impide a los ciudadanos conocer el momento en que podrán solicitar algún trámite administrativo relacionado con la moratoria, lo que atenta contra el principio de certidumbre jurídica.
En 2016 la empresa Blue Propane inició trámites para ingresar al mercado de Tijuana y así convertirse en una opción más para los consumidores de dicha ciudad, que actualmente pagan el gas más caro del país. Durante este tiempo han luchado para acabar con el monopolio que integran las empresas Gas Silza y Baja Gas & Oil (Zeta Gas) propiedad de la familia Zaragoza.
