Habitantes de la región de San Juan Coapanoaya en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México, acusaron la intromisión de personajes ajenos a la comunidad, que buscan sacar provecho a partir de su supuesta adherencia al movimiento que se opone al Tren Interurbano México-Toluca.
Entre los señalados, se encuentran las “abogadas” Esther Goujón Campos y su hija, Guadalupe Esther Sánchez Goujón, quienes se autodenominan representantes legales de los comuneros.
De acuerdo con sus antecedentes, Goujón Campos es dirigente de la Unión Nacional Independiente de Organizaciones Sociales (UNIDOS), fue acusada junto con su hija de tráfico de influencias y lavado de dinero, asimismo, no existen antecedentes de cédula profesional que corrobore su dicho, por lo que se presume que estaría incurriendo en el delito de usurpación de profesión (Art. 250 del CPF).
Asimismo, esta supuesta abogada ha involucrado a un personaje llamado Miguel Ángel Zenón Romero, de quien se dice que es activista defensor de derechos humanos, sin embargo no es habitante de San Juan Coapanoaya.
A esto se le suma una denuncia contra Miguel Ángel Zenón Romero, quien se hizo pasar como integrante de la comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautla del municipio de Lerma, donde en las mesas técnicas para la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan, intervino en la toma de decisiones, cuando él no tenía voz ni voto ya que la comunidad está regida por usos y costumbres, desconociendo su procedencia.
Ante lo anterior, se expuso que estos personajes no tienen interés en beneficio de la comunidad de san Juan Coapanoaya y por el contrario, buscan su beneficio personal.
