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Rosario Robles compareció ante la Sección Instructora a través de sus abogados

Foto: Diputados

Luego de que este martes 10 de diciembre se venciera el plazo para que Rosario Robles presentará su defensa ante la Sección Instructora que analiza la procedencia de juicio político en su contra, su presidente Pablo Gómez,  informó que ha comparecido a través de sus abogados  Epigmenio Mendieta Valdés y Alberto Javier Sánchez Rojas, quienes están debidamente acreditados ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, Pablo Gómez, detalló que “lo que hoy hemos hecho simplemente es dar por realizada la comparecencia de la denunciada a través del escrito presentado por su abogado”.

Señaló que “se ha realizado la comparecencia con la intervención que la ley le da a los denunciados en el procedimiento de juicio político”.

En tanto, adelantó que este miércoles “la sección instructora va a definir cuál va a ser el periodo de pruebas que no puede ser más de 30 días, pero a partir de que día y va a enviar todas la comunicaciones a entidades públicas y algunas privadas requerimientos de información sobre los hechos que están descritos en los escritos de denuncia”.

Como es el caso de la Auditoría Superior, a las secretarías de Estado, al Instituto Nacional Electoral. “Necesitamos saber cuáles fueron las quejas de fiscalización, si es que existieron, que se presentaron en conexión con los hechos, que constan o que están expuestos en las denuncias”, añadió el diputado de Morena. Así como a la Secretaría de la Función Pública.

Informó que una fase posterior del análisis de toda la documentación que pueda allegarse a la Sección Instructora, “entonces haremos la lista de personas, de personas físicas, para citarlas a que comparezcan directamente a la Sección Instructora con el propósito de allegarnos de algunos elementos y hacerles preguntas también sobre las cosas que nosotros nos hayamos percatado y que requerimos, vinculadas con ellos, y que requerimos una confirmación”.

Finalmente insistió que este proceso, “no es linchamiento ni represalia, es un juicio político que consiste en reclamar la responsabilidad de los gobernantes por sus omisiones y sus actos en el desempeño de su cargo, y segundo establece las sanciones que son la destitución y la inhabilitación.

 

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