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domingo, noviembre 28, 2021
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Reducen pago de contratos por cárceles 15% ahorrarán 10 mil millones

Foto: uja66 / Depositphotos.com

Con los ahorros anuales de más de 2 mil 500 millones, se podría pagar el mantenimiento de los cuarteles de la Guardia Nacional.

El presidente de México dio a conocer que se llegó a un acuerdo con los empresarios que poseen los contratos para dar mantenimiento a los penales que están bajo resguardo de la Federación, se trata de ocho empresas que aceptaron una reducción del 15% en cuanto a los pagos que recibían del gobierno y con ello se ahorrarán 2 mil 300 millones de pesos al año y durante los próximos cuatro años cerca de 10 mil millones de pesos.

“Se habló con los empresarios y han aceptado una disminución del 15%, nos vamos a ahorrar alrededor de 2 mil 300, 2 mil 500 millones de pesos por año y en los cuatro años que nos quedan vamos a ahorrar más de 10 mil millones de pesos”.

El mandatario aseguró que se respetarán los contratos que se adquirieron en otros periodos pero se analizarán para quitarles las aristas.

Entre los acuerdos además de la reducción de pagos, está el hecho de que al término de los 20 años que marca el contrato, los reclusorios formarán parte del patrimonio público y se acordó hacer revisiones en cuanto al cumplimiento de los contratos por parte de las empresas y el mantenimiento que están obligadas.

El gobierno federal estima que lo que se pagaba en esos reclusorios era como pagar un hotel de cinco estrellas por ejemplo, por día cada reo costaba 3913 pesos, las cárceles nunca han estado al 100%, el promedio de ocupación es del 61% no obstante tenía que pagarse el 100% por la atención en esos lugares.

En 2020 se contó con un presupuesto de más de 22 mil 700 millones de pesos para prevención y readaptación social pero el 67% se destinó al pago de estos ocho contratos.

Ahora bien, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, advirtió que no obstante que se alcanzó un acuerdo con las empresas, siguen adelante las investigaciones en contra de los servidores públicos que en su momento, permitieron que existieran esos contratos.

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