En el Congreso de la Ciudad de México proponen equiparar con el delito de despojo condicionar con algún pago la distribución de agua potable. Y sancionar con 5 a 10 años de prisión cualquier acto de condicionamiento o lucro indebido.
En tribuna el diputado promovente, Miguel Ángel Macedo, dijo que esta iniciativa “tiene que ver con aquellas personas que con dolo, y sin escrúpulos controlan el suministro de agua para beneficio propio, se trata de quienes desde una pipa o una toma de agua clandestina deciden quien recibe agua, y quien no, basándose en el dinero, el clientelismo o la corrupción”.
En el documento se señala que en el caso de ser un funcionario público quien cometa este delito la pena se incrementará en una mitad así como la destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo o cargo público por un período igual al de la pena en prisión.
Destacó que hoy existe un uso discrecional del servicio de pipas, pue los operadores privados de estos vehículos controlan el acceso al agua, solicitando pagos indebidos, favores políticos o documentación personal como credenciales de elector para otorgar el servicio, a lo que se suma la corrupción y clientelismo político, pues muchos servidores públicos suelen condicionar la entrega de agua potable a la participación en eventos partidistas o a la afiliación a grupos políticos.
