La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso cuatro clausuras en Chiapas como parte de sus acciones para combatir el manejo inadecuado de aguas residuales y la extracción minera ilegal.
Se tratan de las plantas extractoras de aceite de palma: Cooperativa Unión de Palmicultores de la Costa de Chiapas y la Aceitera Chiapaneca La Palma, en Acapetahua; así como la empresa Pakal Consultores en Agronegocios del Sureste, en Villa Comaltitlán.
Estas no cuentan con permisos de descarga y carecen de documentación de tratamiento e informes de monitoreo.
Además, el predio “El Caribe”, en Chicomuselo, no contaba con autorización de cambio de uso de suelo forestal para la extracción ilegal de barita en 180 hectáreas.
Cabe mencionar que la explotación de recursos minerales requiere de una evaluación previa de impacto ambiental y la correspondiente autorización federal, especialmente cuando las actividades se desarrollan en zonas forestales o de alta importancia ecológica.
