Los embarazos adolescentes en menores de 15 años y las uniones forzadas son motivo de preocupación para autoridades mexicanas e internacionales, por lo que se impulsan estrategias integrales que brinden servicios de salud, educación y reproductivos.
Así lo señaló Dosia Calderón, representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas, durante el foro legislativo “Embarazos Infantiles: Prevención y acción”, quien expresó que esto constituye una violación a los derechos humanos de las menores y adolescentes.
“Qué preocupación, estamos observando, identificando, embarazos en menores de 15 años y justo es lo que busca erradicar la fase tres de la ENAPEA. Cuando decimos embarazos en menores de 15 años, estamos hablando de una violación a los derechos humanos, ahí confluyen un montón de violaciones, estamos hablando de violencia de género y deserción escolar”.
Aunque existe una prohibición del matrimonio infantil a nivel nacional, continúan registrándose uniones forzadas de menores, de las cuales se pueden derivar embarazos adolescentes.
“Ya en México no hablamos de matrimonio infantil, pero qué pasa con las uniones forzadas o tempranas, ya no se registran, pero eso no implica que no sigan ocurriendo, entonces, tanto embarazo adolescente como uniones tempranas desafortunadamente es una fórmula que estamos encontrando”.
Chiapas encabeza la estadística de ‘fecundidad forzada’, seguida de Guerrero y Oaxaca. Tan solo en 2025 se registraron 7 mil 887 niñas que dieron a luz, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), es decir, alrededor de 2 nacimientos por cada mil niñas.
En este sentido, Karla Bonilla, directora de Coordinación interinstitucional e intergubernamental del Consejo Nacional de Población (CONAPO), explicó que el número no es menor y se relaciona con prácticas patriarcales.
“A nivel nacional tenemos 2.45 nacimientos por cada mil niñas de 12 a 14 años. Eso es una tasa de fecundidad forzada, este dato lo genera la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Población y a lo mejor a ustedes no les dice mucho, pero por cada mil niñas, dos ya son mamás, es mucho, porque estamos hablando de la vida de niñas, de personas que es completamente transformada”.
Durante el foro, también se señaló que el embarazo infantil no solo representa un problema de salud pública, que pone en riesgo la salud de menores y adolescentes, sino que tiene una dimensión social. Ocurre por fallas en materia educativa, desigualdades sociales y de políticas sociales, explicó Blanca Elena Gómez, especialista en cooperación internacional y desarrollo.
“Cuando una niña se enfrenta a un embarazo, realmente lo que está fallando ahí son múltiples instituciones y sistemas, falló el sistema educativo, falló la escuela, falló el sistema de salud, fallaron los distintos mecanismos de protección social, de protección de derechos”.
