La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada a seis años de cárcel y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de defraudación al Estado.

El juicio de la causa, conocida como Vialidad, inició en 2019 y se juzgaron las presuntas irregularidades cometidas en las 51 obras públicas que las compañías de un empresario allegado, Lázaro Báez, recibieron para la provincia de Santa Cruz de 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, lo que supuso una defraudación al Estado por unos mil millones de dólares.

El Tribunal de Buenos Aires determinó que las licitaciones fueron amañadas, que las empresas no tenían capacidad para hacerlas, que la mayoría no las terminó y a pesar de todo, fue el único empresario que cobró la totalidad.

No obstante, el fallo no implica que la vicepresidenta ingrese inmediatamente a prisión, ya que primero debe ser ratificado por la Cámara de Casación y la Corte Suprema, lo que podría tardar años.

Además, goza de fueros que impiden su arresto hasta el 10 de diciembre de 2023, cuando termina su mandato, por lo que podrá presentarse a elecciones para un nuevo cargo en las elecciones del próximo año, lo que podría extender su inmunidad.