Monreal consideró que en todas las reformas estructurales hubo “soborno y cohecho”

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Lo que se ha dicho hasta el momento en torno a la vinculación de legisladores para la aprobación del paquete de reformas estructurales, será sólo la punta del iceberg, afirmó el senador Ricardo Monreal en la presentación virtual de su más reciente libro: “La infamia”.

“Me temo que el cohecho y el soborno no solo se dio en la reforma energética, tal vez era la más emblemática por el caso Lozoya,  pero me temo que hubo recursos, ojalá salga, pronto, en la reforma laboral, en la reforma educativa, la reforma fiscal, la reforma de telecomunicaciones, en todas hubo bonos, pagos indebidos que eran tendientes a favor de ellas”.

Asimismo, aseguró en conferencia de prensa a distancia, que no se utilizará el caso Lozoya política ni electoralmente, pero si se castigará a fondo la impunidad.

“Conozco al Presidente de la República desde hace 22 años, sufrió en carne propia la persecución política, el cerco mediático, la fabricación de acusaciones falsas y no creo que vaya a usar electoralmente este asunto”, atajó.

Respecto del posible soborno que recibió Ricardo Anaya, en 2013, cuando fungía como presidente de la Cámara de Diputados, aseguró que no tiene ningún elemento para condenarlo. “Las pruebas que se presenten son las que determinarán el grado de responsabilidad de cada uno de los señalados”.

Sin embargo, indicó que si se demuestra, con pruebas contundentes, que se dio soborno o cohecho a los legisladores, serán delitos que se tendrán que someter a proceso penal. “Se les tiene que vincular a proceso a quienes hayan recibido”.

Monreal Ávila aclaró que no tiene elementos referirse a determinados legisladores. “Soy de los que piensa que los principios de debido proceso y presunción de inocencia deben regir al proceso adversarial. Vamos a esperar a que lo que diga la Fiscalía y al juez de la causa, pero falta mucha tela por cortar y mucho por conocer”, agregó.

A pregunta expresa sobre si se podría abrigarse la reforma energética, explicó se tendría que hacer todo un proceso legislativo-jurídico para abrogar las modificaciones constitucionales y las leyes secundarías.