Tras el exhorto realizado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el sentido de que las reformas a las leyes de Educación en estados del país “despojan al Estado de su rectoría para definir” contenidos educativos.
Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia aseguró que “en un sistema dictatorial los hijos son propiedad del estado y los puede adoctrinar como le dé su regalada gana. En nuestro país no.”
El también es vicepresidente nacional del Frente Nacional por la Familia, se opuso a que se promueva la ideología de género “que promueve el aborto y la liberación de la sexualidad en menores sin consecuencias jurídicas para nadie”.
Rechazó que esto ocurra tanto en los libros de texto, así como en cualquier espacio “pagado con los impuestos de todos los mexicanos”.
Por su parte Francisco Landero, presidente de Suma por la Educación, consideró que se trata de un tema preocupante porque el derecho a decidir el tipo de educación para la infancia y juventud es de los padres de familia.
A su decir, el Estado, más que atentar contra este derecho, está obligado a protegerlo. Además, se unió al llamado de escuelas, organizaciones y padres de familia, para ir en contra de lo que calificó como un “atentado contra la educación”.
