El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Juan José Sierra Álvarez, así como organizaciones empresariales como la AMIB, CANACO, CONCAMIN, COMCE y el CNET, exigieron respetar la ley y el patrimonio de los trabajadores, ante la propuesta anunciada por el director del Infonavit Octavio Romero, sobre la regularización de viviendas invadidas”.
“Promover un programa que legalice la ocupación sin escrituración y fuera de la ley implicaría normalizar la invasión como vía de acceso a la vivienda.
Las organizaciones empresariales firmantes expresamos nuestra firme oposición a la propuesta anunciada por el director del Infonavit sobre la regularización de viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, a precios subsidiados”.
El líder del sector patronal, agregó que el Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen.
“Rechazamos de forma categórica cualquier iniciativa que premie la toma ilegal de viviendas y exigimos que las autoridades competentes —en especial la Asamblea del Infonavit— detengan cualquier intento por legalizar ocupaciones al margen de la ley. El Instituto no tiene atribuciones legales para otorgar créditos, rentas ni escrituras a personas que no son derechohabientes”.
En este sentido celebró la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que “la propiedad privada está resguardada” y que no se trata de “quitarle una vivienda a quien le pertenece”, aclarando que no debe haber “malas interpretaciones”, sin embargo consideró indispensable que esta posición se traduzca en acciones concretas por parte del Instituto y que no se permita avanzar con esquemas que, en los hechos, podrían institucionalizar la ocupación irregular de viviendas.
Por ultimo destaco que desde el 2015 Infonavit enfrenta una crisis de gestión: el índice de morosidad se disparó del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024, “y si consideramos los créditos segregados, el deterioro de la cartera crediticia asciende al 32%. Es decir, uno de cada tres financiamientos otorgados presenta incumplimientos de pago. En lugar de regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, se impulsa una estrategia que agrava el problema y compromete el futuro financiero del Instituto” advirtió.
