La Cámara de Diputados aprueba reformar la Ley General de Comunicación Social, que limitaba a estados y municipios a destinar sólo el 0.1% de su presupuesto a gastos de publicidad.
Con esta modificación, se especifica que “las entidades federativas, los municipios, y las demarcaciones territoriales determinarán su propio límite del gasto del programa anual de comunicación social, considerando los principios establecidos en el artículo 5 bis de esta ley”.
Por otra parte, se puntualiza que el límete del gasto en este rubro deberá “considerar los principios de austeridad republicana, economía y racionalidad presupuestaria, el de beneficio informativo a la población, el de la correcta administración de bienes y recursos públicos, y el de territorialidad que establece que los mensajes deben llegar a donde viven las personas”.
