En lo que es considerado un fallo histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó eliminar la prisión preventiva oficiosa y el arraigo pre-procesal en México, por lo que el Estado mexicano deberá adecuar su ordenamiento jurídico con los estándares internacionales.  

Lo anterior, al notificar al Gobierno de México su sentencia sobre el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, quienes fueron acusados de asesinar en 2001 a María de los Ángeles Tamés, regidora de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.  

La CIDH determinó que el Estado mexicano violó distintos derechos de los dos detenidos, entre estos su integridad personal, su libertad personal, sus garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial.  

En su sentencia, el tribunal determinó que tras su detención e interrogatorio, a ambos les decretaron medidas de arraigo y además, fueron mantenidos en prisión preventiva durante 17 años cuando se adoptaron medidas alternativas a la privación a la libertad, las cuales se encontraban vigentes cuando la Corte emitió su sentencia. 

A esto se suma que fueron detenidos sin orden judicial, arraigados sin un abogado, torturados, amenazados y obligados a firmar documentos.  

El 23 de agosto de 2019 fueron puestos en libertad y sujetos al sistema de rastreo y localización, pero hace dos semanas, Daniel García fue detenido y trasladado a un penal del Estado de México, tras ser sentenciado a 35 años de cárcel por ser el supuesto autor intelectual del homicidio de la regidora.  

En tanto, Reyes Alpízar Ortíz recuperó su libertad tras ser exonerado.  

Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó el cierre de cualquier proceso penal contra ambos; determinó medidas de satisfacción, rehabilitación e indemnización compensatoria a su favor y estableció un plazo de un año para que México informe sobre el cumplimiento de la sentencia.  

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno de México reiteró su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos e informó que analizará la sentencia para cumplir con las disposiciones y asegurar el mayor respeto a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.