La Cámara de Diputados avaló cambios al Código Penal Federal en materia de armonización de las penas previstas para quien retarde o entorpezca la administración o procuración de justicia en casos de feminicidio.
Se establece que el servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia en caso de feminicidio se le impondrá pena de prisión de cuatro a doce años y de quinientos a mil quinientos días multa.
Además de este castigo, el funcionario público será destituido e inhabilitado para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
La inhabilitación comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la pena de prisión
