El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, complementaria de la reforma al artículo 73 constitucional.
Ahora, se perseguirá el delito de oficio, se homologa el tipo penal a través de este marco legal, con penas que van de los 6 a 15 años de cárcel y se establecen 34 agravantes, como el cobro de piso, el imponer precios a productos y servicios, montachoques, montadeudas, préstamos gota a gota, extorsión telefónica desde cárceles, entre otras modalidades.
Al respecto, Julio César Rivera, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Justicia, al fundamentar el dictamen, explicó que la Ley General surge a partir de la diferencia de criterios que tenían los estados para castigar el delito de extorsión, mientras los delincuentes se aprovechaban de eso.
“¿Por qué una Ley General?, porque la extorsión no conoce fronteras, porque, hasta hoy, cada estado de la República tenía su propia definición y su propio castigo, lo que generaba vacíos, contradicciones y hasta impunidad”.
En Movimiento Ciudadano, su diputada, Patricia Flores, describió la expedición de la Ley contra la Extorsión como un ‘buen esfuerzo’, en medio de un alza de este delito que, afirmó, roba la tranquilidad de los mexicanos.
“Lo que realmente despojan los delincuentes que extorsionan no es solo el dinero o las pertenencias materiales, sino algo mucho más valioso, la tranquilidad y la paz mental de las ciudadanas y ciudadanos que solo quieren vivir y trabajar en Santa Paz. En México no queremos vivir con la constante amenaza de la violencia”.
Pese a que el grupo parlamentario del PRI votó a favor, hubo algunas criticas de sus legisladores, tal es el caso de César Alejandro Domínguez, quien afirmó que se apresuró la discusión y faltó un análisis de las legislaciones locales, pues algunas tenían penas más altas que las que contempla la Ley General.
“¿A qué me refiero con un análisis detallado de las legislaciones locales? Si bien es cierto plantea la revisión de las penalidades en algunos estados de la República, pero al menos hay cinco estados de la República que tienen penalidades más altas que la que actualmente se propone en el delito básico de extorsión: Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayariti y Quintana Roo, que es una penalidad superior a los 16 años que es la que prevé esta legislación”.
