Repartidores de comida, socios de aplicaciones telefónicas, rechazan el impuesto del 2% que cobrará el gobierno capitalino a las apps, por cada entrega realizada.
“Este impuesto que con toda la soberbia y la indolencia que se maneja la Jefa de Gobierno, lo está pagando los socios, el comercio, las grandes cadenas no se van a ver afectadas porque son trasnacionales, los que lo resienten son los comercios de barrio, pero también el usuario”, denunció Saúl Gómez, de “ni un repartidor menos”.
Saúl, reprochó además que el gobierno local busque cobrar por el uso de la infraestructura de la ciudad.
“Por esta súper infraestructura que nos quieren cobrar, han muerto por atorarse en coladeras, han muerto por baches”.
En el Congreso de la Ciudad de México, aseguró que no van a ceder en su lucha, porque la administración local sólo los ve como una caja chica para apoyar al Sistema de Administración Tributaria o el Instituto Mexicano del Seguro Social, a los que aportan millones de pesos a la semana.
“Ya pagamos impuestos y carecemos de seguro médico, por eso es injusto que quieran imponer un impuesto más. Fuimos nosotros quienes sostuvimos a la ciudad durante la Pandemia, sin garantías, y ¿nos imponen más dinero? Piensan que en vez de comida o servicios cargamos dinero, así nos ven, pero no somos esas personas, somos trabajadores y queremos nos respeten esos derechos”, indicó.
El joven agregó que es una falta de respeto y consideración que las autoridades salgan a decir que se reunieron con los empresarios y están de acuerdo, cuando no se les ha tomado en cuenta a ellos como los verdaderos trabajadores.
“Entonces la secretaria de finanzas que se está reuniendo con cúpulas empresariales no toma en cuenta al pequeño empresario, a los repartidores o los usuarios, y es soberbia en su actitud la jefa de gobierno, porque dice que ya se habló con nosotros, pero no es así. Es una ciudad supuestamente de derechos e innovación que se jode a la clase más precarizada”, enfatizó Gómez.
El diputado de Movimiento Royfid Torres, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, coincidió en que este impuesto es una medida recaudatoria innecesaria y discriminatoria, pues además de que no se sabe directamente en dónde parará ese recurso, siguen sin reconocer los derechos laborales del sector.
“La semana pasada diputados de Morena dijeron aquí que el impuesto estaba pensando en las personas, pero hoy los compañeros del gremio presentes aquí demuestran que es mentira. El gobierno de la Ciudad en lugar de diseñar estrategias para regularizar a estos compañeros que, hoy son socios, para no darles atención y que vivan en la informalidad, piensan en cómo recaudar más dinero en alguien que ya paga impuestos”, explicó
Por su parte, Paola Ángel, fémina fundadora de NiUnaRepartidoraMenos, recordó que hay 59 muertes que se asocian a la falta de infraestructura de la capital, de un sector conformado por alrededor de 2 millones de repartidores a pie, en bicicleta y motorizados en la CDMX
“Nos parece un impuesto abusivo porque no nos toman en cuenta y por eso hacemos un llamado a la sensibilidad de la jefa de Gobierno, para dotarnos de derechos. ¿Qué pasaría si tuviéramos acceso a servicio médico? Muchos de los fallecimientos pudieron evitarse”, sostuvo.
Al llamado solidario se sumaron las diputadas Silvia Sánchez Barrios y Gabriela Salido, ésta última quien dijo que no se puede confiar en la buena fe o la palabra de alguien que prometió no se crearían más impuestos y lo está haciendo.
“Los repartidores nos ayudaron a salir adelante de la Pandemia y esta labor se debe reconocer como una opción de trabajo importantísima, pues hay gente que lo tiene como un segundo empleo, es una alternativa para estudiantes, amas de casa y cubre un déficit de empleo que la CDMX no es capaz de reconocer y apaliar”, declaró.
En la conferencia estuvieron también Víctor Kim, víctima de hecho vial y Víctor Manuel Sánchez, Secretario General del Sindicato de Conductores de Vehículos de Servicio, quien explicó que el impuesto se reflejará en cada viaje, donde por cada diez pesos que ingresen, a ellos directamente les restarán 5 pesos.
“Afectará a las y los compañeros, así como a los usuarios, porque una pizza de $69 pesos, costará ahora $139 y la medida va directo hacia las personas que adquieren estos servicios también, porque nosotros ya les pagamos a los dueños de las aplicaciones y ellos subirán sus tarifas al consumidor”, sostuvo.
