Ante la aprobación de la reforma de simplificación orgánica que contempla la desaparición de órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la legislación secundaria por el avance del dictamen será clave para la salvaguarda de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
“Creo que tenemos una gran tarea para trabajar en la legislación secundaria y una gran tarea para trabajar, desde la sociedad civil, para exigir lo que ya es nuestro, no es una concesión graciosa, para exigir lo que ya es nuestro”.
Así lo afirmó María Marván Laborde, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana y extitular del extinto Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), quien resaltó que la reforma no contempla varios aspectos fundamentales.
Entre estos enumeró que no se detallan mecanismos de acceso a la información pública, si continuarán las solicitudes de información–sistema que es propiedad del Poder Ejecutivo– y tampoco se detallan mecanismos de revisión.
También, criticó el cambio de paradigma que ahora se establecerá con respecto a los datos de las instituciones públicas, debido a que, mientras antes todo era público, ahora la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que absorberá las funciones del INAI, tendrá la facultad de determinar qué información se entrega bajo el criterio del interés público.
