Contadores públicos demandaron a las autoridades fiscales “una tregua” en la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, toda vez que existen multas de hasta 32 millones de pesos que puede poner en riesgo el patrimonio del las unidades económicas.

En conferencia el presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), José Besil, dijo que los contribuyentes no pueden ejercer posiciones de autoridad, toda vez que carecen de los elementos para esa actividad pero sobre todo porque esa labor es responsabilidad del gobierno.

Agregó que algunas iglesias, no han reportado oportunamente los ingresos que reciben  por limosnas, por lo que han sido objeto de millonarias multas que pueden poner en riesgos su permanencia.

Por ello consideró que la autoridad fiscal permita que los contribuyentes que operan en sectores vulnerables, como joyerías, puedan reportar de manera voluntaria cualquier actividad de posible lavado de dinero.