El Pleno del Congreso del Estado de México aprobó la llamada “Ley Ingrid”, que establece penas de cárcel para quien difunda por cualquier medio, imágenes o información de una carpeta de investigación pendiente de víctimas de homicidio o feminicidio.    

La medida significa cambios al Código Penal del estado para castigar este delito con entre tres y seis años de cárcel, pero que aumenta hasta 8 años cuando sea cometido por servidores públicos y que se agrava a nueve años cuando sea en perjuicio de niñas, adolescentes o mujeres.   

El objetivo es hacer respetar la memoria de quienes ya murieron y evitar que se lucre con material gráfico de cadáveres.   

Esta reforma al Código Penal mexiquense fue resultado de la difusión de las imágenes del cadáver de Ingrid Escamilla, quien fue víctima de feminicidio en febrero de 2020 y revictimizada con la exhibición de fotos que eran de uso exclusivo del Ministerio Público.